Dos Sullivan, un escaño: qué pide realmente la demanda electoral de Alaska

El Departamento de Justicia pide a un juez federal que impida a Alaska certificar su elección al Senado de Estados Unidos si se cumplen determinadas condiciones: que el senador republicano Dan S. Sullivan pierda, pero que hubiera ganado si los votos de un rival de nombre parecido se hubieran contado como votos suyos y se hubiera recalculado el escrutinio por orden de preferencia.

La demanda, presentada el 22 de octubre, se centra en Daniel J. Sullivan. Según el departamento, su presencia en la papeleta podría confundir a personas que pretenden apoyar al senador en funciones. La petición ya es una noticia política nacional, pero importa distinguir entre solicitar la intervención de un tribunal y obtener una orden. La demanda expone los argumentos del Gobierno federal. No constituye una conclusión judicial de que se haya engañado a los votantes ni impide, por sí sola, celebrar o contar los votos de las elecciones del 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que ordenó presentar la demanda, según The Associated Press. Daniel J. Sullivan ha sostenido que decidió postularse por iniciativa propia, no siguiendo instrucciones de otra persona. Esas versiones enfrentadas no equivalen a una determinación probada de que la candidatura sea fraudulenta.

Nombres parecidos, candidatos distintos

El titular del escaño es Dan S. Sullivan, senador desde 2015. El rival que ocupa el centro de la demanda es Daniel J. Sullivan. El escrito federal también identifica a la demócrata Mary Peltola y al republicano Gerald Heikes como candidatos que avanzaron a las elecciones generales. Por tanto, la contienda incluye más opciones que una elección directa entre los dos Sullivan.

Los nombres de la papeleta ya se han modificado para distinguirlos. La explicación de AP sobre el litigio señala que el senador aparece como Dan S. Sullivan, identificado como republicano y titular del cargo, mientras que Daniel J. Sullivan Jr. figura sin afiliación partidista. La distinción es importante: no se trata de determinar si se imprimieron dos nombres completamente idénticos sin información adicional, sino si las diferencias visibles bastan para evitar la confusión que alega el Gobierno.

La demanda cuestiona las motivaciones y la presentación de la campaña de Daniel J. Sullivan. Menciona su solicitud inicial de utilizar el nombre abreviado Dan Sullivan, su petición de aparecer identificado como republicano, su trabajo con un consultor político y las semejanzas que la directora electoral identificó entre los sitios web de ambos candidatos. Son alegaciones y argumentos presentados para respaldar el caso del Gobierno. Que aparezcan en una demanda no significa que un juez los haya aceptado.

La disputa sobre la papeleta comenzó meses atrás

La propia demanda describe un conflicto anterior en los tribunales estatales. El 15 de junio, la directora de la División de Elecciones de Alaska, Carol Beecher, determinó que la declaración de candidatura de Daniel J. Sullivan no se había presentado de buena fe e intentó excluirlo. Él impugnó esa determinación ante los tribunales.

El 26 de junio, un tribunal estatal de primera instancia resolvió que la división había cometido un error al mantenerlo fuera de la papeleta. La Corte Suprema de Alaska confirmó la decisión el 29 de junio. La demanda federal reconoce ambas resoluciones y señala que, cuando se presentó este caso, la Corte Suprema estatal aún no había publicado su opinión explicativa más extensa.

Ese antecedente delimita lo que puede afirmarse correctamente sobre el nuevo litigio. El Gobierno se apoya en gran medida en la evaluación anterior de una funcionaria electoral, pero la exclusión resultante no superó la revisión judicial estatal. Describir a Daniel J. Sullivan como un candidato ya descalificado por los tribunales invertiría lo ocurrido. Está en la papeleta de las elecciones generales porque el litigio estatal le permitió permanecer en ella.

La nueva estrategia federal se concentra en la certificación: el procedimiento que convierte un resultado electoral en oficial después del escrutinio y la revisión. No consiste simplemente en repetir el intento administrativo anterior de retirar su nombre.

Qué resultado busca exactamente Washington

La medida solicitada es más limitada que una petición incondicional de impedir cualquier posible victoria demócrata, aunque tendría consecuencias importantes. El párrafo 42 de la demanda establece dos condiciones: que el senador en funciones no gane y que hubiera ganado si todos los votos de Daniel J. Sullivan se le hubieran asignado a él y el escrutinio por orden de preferencia hubiera continuado sobre esa base.

El Departamento de Justicia solicita entonces una declaración de que certificar un resultado que cumpla esas condiciones violaría las obligaciones del estado conforme a la Ley Nacional de Registro de Votantes. Pide bloquear la certificación mientras una investigación determina si los votos del rival estaban realmente destinados al senador, junto con los procedimientos adicionales o las medidas que el tribunal considere apropiados.

La reasignación hipotética descrita en la demanda es el criterio que propone el Gobierno para justificar una intervención. No demuestra que todos los seguidores del rival quisieran votar por el titular del escaño. Una persona puede elegir deliberadamente a un candidato poco conocido, rechazar al senador actual u ordenar sus preferencias de una manera que ninguna de las principales campañas esperaba. Probar un error capaz de cambiar la elección exigiría más que señalar la semejanza entre dos nombres.

Presentar la demanda tampoco autoriza automáticamente a las autoridades a transferir esos votos. Habría que examinar por separado cualquier orden judicial, su alcance y las pruebas que la sustentaran. Por ahora, el escrito establece el marco que solicita el Gobierno; no reconstruye de forma definitiva la intención de ningún votante.

Por qué importa el voto por orden de preferencia

La guía electoral oficial de Alaska explica que los votantes ordenan a los candidatos según sus preferencias y que cada papeleta cuenta para un solo candidato que siga en competencia en cada ronda. Si alguien obtiene una mayoría en el primer escrutinio, el recuento termina. De lo contrario, se elimina al candidato con menos votos y las papeletas correspondientes pasan a la siguiente preferencia disponible. Las rondas continúan hasta determinar al ganador conforme a las normas estatales.

Esto significa que elegir a Daniel J. Sullivan como primera opción no necesariamente le quita de forma permanente un voto a Dan S. Sullivan. Si se elimina al rival y el votante ha colocado al senador como siguiente preferencia entre los candidatos restantes, ese voto puede contar para el titular. Sin embargo, nadie está obligado a ordenar a todos los candidatos, y la siguiente preferencia puede ser otra persona.

La demanda reconoce esa complejidad. Sostiene que algunos simpatizantes del senador podrían omitirlo por completo o colocar a los candidatos en un orden que termine beneficiando a Peltola. La predicción del Gobierno no determina si eso reflejaría una confusión real, una decisión intencional o una combinación de ambas.

Para quienes sigan los resultados, los totales de primeras preferencias son solo una parte del panorama. Sumar simplemente los votos de un candidato a los de otro no equivale a examinar un escrutinio real por orden de preferencia. El propio criterio solicitado por el Gobierno exige considerar cómo se habrían desarrollado las rondas posteriores.

El desacuerdo jurídico sigue abierto

El Departamento de Justicia fundamenta el caso en el propósito de integridad electoral de la Ley Nacional de Registro de Votantes y en una disposición que permite al fiscal general presentar demandas civiles para hacer cumplir esa ley. También cita decisiones judiciales sobre el interés de los estados en evitar la confusión de los votantes y las candidaturas frívolas.

Su argumento sostiene que ese interés continúa durante la certificación, incluso cuando el candidato ya está en la papeleta. El departamento demanda a Alaska, a Beecher en su capacidad oficial, a las juntas electorales locales y a la junta estatal de revisión del escrutinio por sus funciones en la administración, el conteo y la certificación de la elección.

Especialistas en derecho electoral han cuestionado ese enfoque. CNN informó sobre el escepticismo de Derek Muller, profesor de Derecho de Notre Dame, acerca de utilizar de esa manera el lenguaje introductorio de una ley de registro electoral. También recogió el análisis del abogado electoral Ben Ginsberg, antiguo abogado principal del Comité Nacional Republicano, quien identificó varios obstáculos jurídicos para la intervención solicitada. Esas evaluaciones ayudan a explicar el conflicto; no determinan lo que resolverá el juez.

La cuestión jurídica esencial es si las disposiciones citadas autorizan la medida concreta sobre la certificación que pretende el Gobierno. Un tribunal también tendría que considerar esa intervención en el contexto del expediente electoral y de los procedimientos estatales anteriores. La afirmación de la demanda de que el Gobierno tiene legitimación para demandar y un reclamo válido sigue pendiente de resolución; no es una conclusión indiscutida.

Qué observar a continuación

Los próximos acontecimientos relevantes serán los escritos y las órdenes judiciales, las respuestas de las autoridades electorales de Alaska y, finalmente, el escrutinio real. Una campaña que pronostica la derrota de un candidato no sustituye los resultados. Una afirmación sobre posibles confusiones no sustituye las pruebas de lo que haya sucedido.

La guía electoral de Alaska también advierte que los resultados siguen siendo extraoficiales mientras se cuentan las papeletas válidas y se completa la revisión. El procedimiento publicado sitúa la tabulación por orden de preferencia después del último conteo de papeletas, en el decimoquinto día posterior a la elección. Ese calendario ordinario debe distinguirse de cualquier demora adicional que pudiera ordenar un tribunal.

Por ahora, la noticia es el intento del Gobierno de obtener un bloqueo federal condicionado antes de la jornada electoral. La demanda no ha decidido la elección. Los candidatos siguen siendo personas distintas en la papeleta, las reglas de preferencia de Alaska siguen siendo relevantes y será la respuesta de un juez —no la petición de una de las partes— la que determine si este litigio modifica la certificación.