Nuevo México busca frenar pagos del patrimonio de Epstein en demanda contra abogado y contador

Nuevo México pide a un juez federal que impida distribuir activos del patrimonio de Jeffrey Epstein mientras el estado presenta reclamaciones civiles contra los dos hombres que lo administran. La demanda del 21 de octubre dirige la atención a los acuerdos jurídicos, financieros y empresariales que, según las acusaciones estatales, permitieron sostener su operación de trata.

El fiscal general Raúl Torrez presentó el escrito de 49 páginas ante el Tribunal Federal de Distrito de Nuevo México. Nombra a Darren K. Indyke, antiguo abogado personal de Epstein, y Richard D. Kahn, su contador, como demandados tanto individualmente como en sus funciones de albaceas y administradores fiduciarios. Ambos rechazan las acusaciones. Es una acción civil, no una nueva acusación penal ni una sentencia de responsabilidad.

El dinero en el centro del caso

La demanda afirma que Indyke y Kahn pueden recibir legados de 50 y 25 millones de dólares, respectivamente, si existen fondos. Cita una contabilidad pública correspondiente al periodo finalizado el 30 de junio de 2026 que valora el patrimonio en más de 107 millones. Son distribuciones posibles y una valoración fechada; no demuestran que los legados ya se hayan pagado o que todo el dinero esté disponible para una nueva sentencia.

La distinción importa porque ambos desempeñan funciones superpuestas. El escrito los identifica como administradores del patrimonio y fiduciarios del Fideicomiso 1953, además de beneficiarios. Ese fideicomiso recibe activos conforme a los acuerdos sucesorios de Epstein. El estado quiere preservar esos bienes durante el proceso, en lugar de permitir repartos que pudieran complicar una recuperación posterior.

La restricción solicitada es más amplia que impedir únicamente los dos legados. En su petición final, el estado pide detener las distribuciones del patrimonio durante el litigio para conservar la situación existente. Que el tribunal conceda esa medida, y con qué condiciones, es una cuestión distinta. Presentar la demanda no congela automáticamente una cuenta ni transfiere dinero a los sobrevivientes.

Qué alega Nuevo México

El estado sostiene que Indyke y Kahn hicieron más que prestar servicios profesionales ordinarios. Describe puestos en empresas vinculadas con Epstein, facultades sobre cuentas y transacciones que, según la demanda, apoyaron una organización informal de trata. Conecta esos mecanismos con supuestos abusos en Zorro Ranch, cerca de Stanley, en el condado de Santa Fe.

Entre sus alegaciones concretas, el escrito afirma que Indyke gestionó en diciembre de 2011 la transferencia del título de Zorro Ranch a Cypress, Inc., empresa controlada por Epstein. Identifica a Kahn como tesorero y director de esa compañía y describe su participación en decisiones financieras y de personal de las propiedades. Los cargos y movimientos son parte de la evidencia que propone el estado; por sí solos no demostrarían participación consciente en la trata.

La demanda alega también remuneraciones personales importantes: más de 16 millones para Indyke y más de 10 millones para Kahn, procedentes de Epstein y entidades relacionadas entre 2011 y 2019. Esos supuestos pagos en vida son distintos de los posibles legados. Sumar todas las cantidades sin explicar periodos y conceptos confundiría el alcance del caso.

La teoría estatal es que la gestión financiera, el acceso a efectivo y las estructuras empresariales ayudaron a mantener y ocultar la operación. Por eso, el conocimiento y la intención de cada demandado son cuestiones centrales y controvertidas. Administrar una cuenta no demuestra automáticamente qué sabía una persona sobre todas sus transacciones ni sobre las actividades asociadas con ella.

La respuesta de los demandados

El abogado Dan Weiner, en representación de ambos, dijo a ABC News que rechazan haber facilitado conscientemente abusos sexuales o trata. Afirmó que la conducta ocurrió en lugares apartados cuando ninguno estaba presente y que ninguna mujer los había acusado de cometer o presenciar abusos, ni de haber recibido avisos sobre ellos.

Weiner cuestionó asimismo la investigación y dijo que la oficina del fiscal general no había solicitado hablar con Indyke o Kahn antes de demandarlos. Ambos habían declarado ante el Comité de Supervisión de la Cámara que desconocían los abusos de Epstein. Sus negativas deben acompañar las acusaciones; las declaraciones públicas de ninguna parte sustituyen a pruebas examinadas judicialmente.

Para presentar una teoría de facilitación no es necesario alegar que los hombres cometieron personalmente cada agresión subyacente. A la vez, acusarlos de sostener una organización no demuestra que lo hicieran. La disputa dependerá de los requisitos legales, la evidencia admisible y las conductas que puedan atribuirse a cada persona, en lugar de presumir responsabilidad por asociación profesional.

Cinco reclamaciones civiles y varias medidas

El escrito plantea una reclamación federal relacionada con trata, dos reclamaciones de crimen organizado estatal basadas en supuestos secuestros e inducción delictiva, una de conspiración y otra de restitución y enriquecimiento injusto. Solicita un juicio con jurado sobre las cuestiones que puedan someterse a ese procedimiento.

Entre los remedios pedidos figuran indemnizaciones compensatorias y punitivas, restitución, devolución de beneficios supuestamente indebidos, restricciones sobre intereses vinculados con la presunta organización y gastos. El estado pide también la multiplicación por tres de los daños conforme a su ley de crimen organizado. Son solicitudes, no una indemnización concedida que ya pueda cobrarse.

El papel del fideicomiso exige especial precisión. La demanda dice expresamente que lo incluye porque contiene activos con los que podría satisfacerse una eventual reparación, no porque el fideicomiso mismo hubiera cometido trata o crimen organizado. Atribuir la misma conducta a todos los demandados falsearía la distinción que hace el propio escrito.

Por qué sigue importando Zorro Ranch

La nueva acción sitúa hechos de Nuevo México dentro del historial más amplio de Epstein. Según la demanda, el rancho apartado fue uno de los lugares utilizados para aislar y explotar a niñas y mujeres jóvenes. Explicar esa acusación no exige reproducir descripciones gráficas ni identificar a quienes no hayan decidido hablar públicamente sobre los abusos.

La propiedad se vendió en 2023. Una fotografía actual no mostraría necesariamente las condiciones de las alegaciones históricas, y no debe presentarse al propietario actual como participante en la conducta de Epstein. Las cuestiones de este proceso son las actuaciones anteriores atribuidas a los demandados y los bienes contra los que podría ejecutarse una reparación.

Nuevo México mantiene además una investigación penal separada y un litigio distinto con Justicia federal por acceso a documentos. La demanda de agosto sobre archivos sostiene que la falta de entrega obstaculiza la investigación estatal. El gobierno federal ha citado órdenes que protegen información identificadora de víctimas. Ese conflicto aporta contexto, pero no es el mismo procedimiento civil presentado el 21 de octubre.

Qué ocurrirá después

Los demandados podrán responder mediante el proceso judicial y cuestionar tanto las reclamaciones como las medidas solicitadas. Cualquier decisión que limite distribuciones, permita continuar una reclamación o resuelva responsabilidad debe confirmarse en una orden real. Este artículo no presupone que el juez haya aprobado las peticiones del fiscal general.

Para los sobrevivientes, el caso plantea la posibilidad de nuevas responsabilidades y recuperación económica frente a personas que el estado acusa de sostener la operación. Todavía no crea un programa de pagos, una cantidad individual ni una fecha para presentar solicitudes. La novedad es la demanda presentada y su intento de conservar activos mientras se examinan acusaciones que los demandados rechazan.