Casa Blanca advierte a García que pesquisas podrían ser delito

El abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, advirtió al representante Robert García, el principal demócrata del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, que las pesquisas previstas por los demócratas contra la administración Trump “pueden cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante”, según una carta fechada el 9 de noviembre que se hizo pública el miércoles 11 de noviembre. La carta está firmada como William O. Scharf, Counsel to the President (abogado del presidente).

Lo que se sabe

• Miércoles 11 de noviembre: Se hizo pública una carta del 9 de noviembre de Scharf a García. Scharf escribió que ciertas amenazas y “un procedimiento diseñado meramente para abusar o infundir miedo en el destinatario pueden cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante”. PBS News publicó el PDF firmado de tres páginas con membrete de la Oficina del Abogado de la Casa Blanca; NBC News dijo que un funcionario de la Casa Blanca compartió la carta. Punchbowl News informó primero de su existencia.
• La carta cita precedentes de la Corte Suprema, incluidos Watkins (1957) y Mazars (2020), y sostiene que las investigaciones “deben servir a una tarea legislativa legítima” y no pueden usarse “para ‘castigar’ a los investigados”. Añade: “Estos principios exigen que el Congreso identifique un propósito legislativo legítimo que sustente sus actos de investigación”.
• Scharf escribió que la administración está monitoreando “amenazas abusivas y caprichosas” de legisladores demócratas y citó comentarios públicos que comparan las citaciones con “dulces” o “collares del Mardi Gras”.
• García dijo que la autoridad de supervisión del Congreso proviene del Artículo I de la Constitución y que los demócratas “no se dejarán amedrentar por amenazas infundadas”. Hakeem Jeffries, probable próximo presidente de la Cámara, tildó la carta de “escandalosa”.
• Molly Nixon, académica senior del Instituto Cato, dijo a CBS News que la carta es “una especie de salva inicial en lo que en última instancia será un debate político”, y que es “increíblemente improbable” que un tribunal encuentre mérito en un cargo penal contra un legislador por votar a favor de emitir una citación, al amparo de la Cláusula de Discurso o Debate.

¿Qué dice la carta?

Scharf abrió así: “Le escribo para recordarle los límites fundamentales que la Constitución impone a las investigaciones y citaciones del Congreso, que usted y miembros del nuevo Congreso han mostrado una clara intención de transgredir”.

Al citar a la Corte Suprema, la carta afirma que “[l]as investigaciones realizadas únicamente para el engrandecimiento personal de los investigadores o para ‘castigar’ a los investigados son indefendibles”, y que las investigaciones del Congreso “deben servir a una tarea legislativa legítima” y no pueden usarse “para ejercer facultades de enjuiciamiento penal asignadas al Poder Ejecutivo y al Judicial”. “Estos principios exigen que el Congreso identifique un propósito legislativo legítimo que sustente sus actos de investigación”.

Scharf escribió: “Estamos monitoreando las amenazas abusivas y caprichosas que ahora proliferan de parte de legisladores demócratas que buscan abusar del proceso legislativo para intimidar y para interferir con el funcionamiento lícito del gobierno”. Señaló que García y sus colegas “han afirmado que emitirán citaciones para hostigar, amenazar y disuadir a los dedicados miembros de la Administración de continuar en el servicio”, y que “Varios han comparado sus promesas de citaciones con repartir ‘dulces’, ‘collares del Mardi Gras’ y con imprimir suficiente papel como para arrasar bosques”. Una nota al pie cita publicaciones del 4 de noviembre de las representantes Emily Randall, demócrata de Washington, y Analilia Mejia, demócrata de Nueva Jersey, y del senador Ed Markey, demócrata de Massachusetts. NBC también informó los dichos de Randall y Mejia.

En la tercera página, la carta advierte: “Las amenazas abusivas y las declaraciones públicas sobre la emisión indiscriminada de citaciones, junto con amenazas dirigidas a posibles objetivos dentro de la Administración, dejan claro que cualquier proceso de investigación venidero se desplegará para hostigar y engrandecer, en lugar de avanzar algún fin legislativo legítimo”. Y agrega: “Más allá de ser incompatibles con las claras y bien reconocidas limitaciones constitucionales sobre sus funciones de investigación, las amenazas a funcionarios del poder ejecutivo diseñadas para disuadirlos del servicio público, o un procedimiento diseñado meramente para abusar o infundir miedo en el destinatario pueden cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante. Y la emisión de citaciones ilegales con la intención de privar a los ciudadanos de sus derechos y privilegios constitucionales podría justificar una investigación adicional”.

Scharf concluyó: “La Administración Trump espera que los miembros del Congreso desempeñen sus funciones de investigación dentro de límites constitucionales asentados. La Administración no será extorsionada y no será amedrentada por un procedimiento ilegal motivado por animadversión, mezquindad, odio, o cualquier otro motivo ilegal para intimidar, sancionar o interferir con el funcionamiento lícito del gobierno”.

La carta no menciona un estatuto penal específico. NBC destacó que los comités de ambas cámaras y partidos gozan de amplia autoridad de investigación y que rara vez los tribunales los han frenado, y que las amenazas de represalia política son habituales, pero “no lo es la sugerencia de que una pesquisa del Congreso constituya criminalidad”.

¿A quién se envió y por qué ahora?

La carta, con fecha del lunes 9 de noviembre, se dirigió a Robert García, demócrata de California, en su despacho del Cannon House Office Building. García es el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental y, según NBC, CBS y la AP, está perfilado para presidir el comité cuando el nuevo Congreso controlado por los demócratas se instale en enero. Los demócratas ganaron el control de la Cámara en las elecciones de medio término de la semana pasada; consulta nuestros resúmenes sobre el giro de poder y Hakeem Jeffries y la nueva jefatura republicana en la Cámara.

PBS publicó el PDF firmado. NBC dijo que un funcionario de la Casa Blanca compartió el documento. Punchbowl News informó primero de la carta, y Politico también reportó la advertencia. La Associated Press, en un despacho también publicado por Courthouse News, señaló que, tras las elecciones, García advirtió a la administración que se “consiguieran un abogado” (“lawyer up”).

La carta se conoció mientras el presidente Trump subía el tono. CBS News informó que el domingo acusó a los demócratas de amenazar a altos funcionarios, lo llamó “extorsión”, dijo que “deberían rendir cuentas por esto”, ordenó al Departamento de Justicia revisar el impulso de supervisión y escribió en otra publicación en Truth Social: “These SLEAZEBAGS should go to jail for what they are doing” (“Estos sinvergüenzas deberían ir a la cárcel por lo que están haciendo”). Courthouse News, al publicar la AP, informó que el fiscal general Todd Blanche dijo en una entrevista en CNN emitida el domingo que “podría haber” un delito que investigar si la retórica de los demócratas se volviera amenazante. Más tarde, esta semana en Misuri, Blanche adoptó un tono más conciliador: “El Congreso tiene autoridad de supervisión. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá”. Añadió que el Departamento de Justicia seguirá colaborando con el Congreso y que “[n]ada de lo que he dicho este fin de semana, o en el pasado, debería sugerir lo contrario”.

¿Cómo respondieron los demócratas?

García dijo el miércoles: “Parece que Donald Trump tiene algo que ocultar. Seamos claros: la autoridad del Congreso proviene del Artículo I de la Constitución, no del permiso de la Casa Blanca. El Congreso tiene amplia capacidad para realizar investigaciones y supervisión, una autoridad inherente al poder de legislar. El pueblo estadounidense votó de forma abrumadora para que aprobemos leyes que erradiquen la corrupción y el abuso. La Administración Trump sigue usando el gobierno como un arma, con amenazas de ataques inconstitucionales al Congreso. Somos un poder coigual del gobierno y no nos dejarán amedrentar con amenazas infundadas de un Departamento de Justicia usado como arma ni de los abogados del presidente”.

Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York y probable próximo presidente de la Cámara, calificó la carta de “escandalosa” y dijo a la prensa: “Es fácticamente inexacta. Es jurídicamente inexacta, y es inexacta en términos de la Constitución”. Añadió: “Un Congreso demócrata va a ser un contrapeso sobre un poder ejecutivo fuera de control ante una corrupción sin precedentes que han desatado contra el pueblo estadounidense. Y si no les gusta, consulten la Constitución”, según NBC y CBS. CBS también informó que Jeffries dijo que la Casa Blanca se había acostumbrado a un Congreso republicano que él llamó un “sello de goma imprudente” para la agenda del presidente.

El representante Mark DeSaulnier, demócrata de California y probable futuro presidente del Comité de Ética, dijo a la AP que no cederá: “Si tratan de intimidar, al menos a mí, no me van a lograr. Yo no trabajo para una mafia, una organización criminal”.

CBS y la AP informaron que los demócratas preparan supervisión en frentes que incluyen los negocios de la familia Trump, la aplicación de las leyes migratorias, Jeffrey Epstein, las criptomonedas y el salón de baile de la Casa Blanca. El presidente y la Casa Blanca han negado reiteradamente cualquier irregularidad, señaló la AP.

¿Cuáles son las implicaciones legales?

La carta sostiene que el Congreso debe señalar un “propósito legislativo legítimo” y cita precedentes de la Corte Suprema, pero no indica un estatuto concreto. CBS citó a Molly Nixon, académica senior del Instituto Cato, quien dijo que la carta es “una especie de salva inicial en lo que en última instancia será un debate político” y que es “increíblemente improbable que algún tribunal encuentre mérito en un cargo penal contra un miembro del Congreso por su voto para emitir una citación”. Recordó que la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución inmuniza a los legisladores frente a acciones penales o civiles derivadas de funciones legislativas. CBS, citando a Nixon, también señaló que si un tribunal concluyera que una citación carece de un propósito legislativo válido, eso no la convertiría automáticamente en un delito; esa citación podría anularse.

Para seguir la configuración del Senado tras las legislativas, consulta nuestro resumen de la carrera al Senado en Misisipi.

Qué sigue

Los demócratas asumirán el control de la Cámara y las presidencias de comité en enero, cuando la autoridad de citación pase a los nuevos titulares. La carta de Scharf indica que la Casa Blanca prevé impugnar las demandas de investigación que considere carentes de un propósito legislativo válido. Las disputas sobre documentos o testimonios podrían terminar en los tribunales. García dijo que el Congreso no se dejará amedrentar; Scharf escribió que la administración “no será extorsionada y no será amedrentada”.

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