El Departamento de Justicia prevé unos 1000 monitores: qué pueden hacer

¿Qué planea el Departamento de Justicia?

Dhillon, que dirige la División de Derechos Civiles, anunció en agosto el plan de desplegar unos 1000 monitores en centros de votación para las elecciones de mitad de mandato. En septiembre lo describió como el "mayor esfuerzo de observación electoral del Departamento de Justicia en la historia", según una demanda presentada después por la NAACP. En una publicación en X el viernes 23 de octubre, dijo que el departamento desplegará su mayor equipo el día de las elecciones, que actuará como "ojos y oídos" del Gobierno federal y que sus hallazgos podrían dar pie a acciones legales, informó Fox News.

Las cifras anteriores varían según la fuente y la medida, y no son directamente comparables. PBS NewsHour informó que el departamento envió a 388 personas a centros de votación en 2022, una cifra que, según el programa, confirmó un funcionario del departamento. En agosto, CBS News citó otra cifra de un funcionario del departamento: 289 personas en 2022 y 714 en 86 jurisdicciones de 27 estados en 2024. NPR informó que el departamento vigiló 64 jurisdicciones en 24 estados en 2022. La demanda de la NAACP alega que el departamento "nunca ha desplegado más de 600 monitores en una elección anterior".

El fiscal general Todd Blanche dijo a periodistas en Virginia el jueves 22 de octubre que no tiene intención de "interferir indebidamente en las elecciones". Preguntado si el departamento podría intervenir en la certificación de resultados de los estados, no lo descartó en un caso extremo, informó Fox News.

El 18 de octubre, en el programa "60 Minutes" de CBS, le preguntaron a Dhillon si el Gobierno piensa enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los centros de votación. Respondió que no existe ningún plan de ese tipo, según Fox News y The Associated Press. La AP informó el lunes que, según el departamento, este año envió más de 100 monitores a cientos de centros de votación durante las primarias.

¿Qué harán realmente los monitores?

Un alto funcionario del departamento, en una sesión informativa descrita por PBS NewsHour, dijo que los equipos se concentrarán en zonas muy pobladas, contiendas reñidas y el acceso de votantes que necesitan ayuda con el idioma o tienen alguna discapacidad. Según el funcionario, los monitores no estarán en centros de votación anticipada y "no van a verificar la ciudadanía" de nadie.

El funcionario dijo que los monitores "observan e informan" y que cualquier medida de cumplimiento se tomará después de las elecciones. En un cambio respecto a una práctica de larga data, fiscales federales participarán como monitores, informó PBS, aunque el funcionario aseguró que no llevarán casos que hayan observado personalmente.

Stacey Young, de Justice Connection, un grupo de exempleados del departamento, dijo a PBS que ese papel ha sido históricamente "bastante pasivo". La carta del departamento a las autoridades de Colorado, citada por PBS, lo resumía así: "Nuestros monitores solo observan y toman notas".

Una carta parecida enviada a Pensilvania, de la que informó PennLive el lunes, da más detalles. El abogado litigante del departamento James Catania escribió que los monitores se presentarán ante los responsables de cada centro, mostrarán una identificación oficial y una carta del departamento, vestirán ropa de oficina informal en lugar de uniformes o insignias del Departamento de Justicia, y comunicarán cualquier problema a un jefe de equipo, que podrá contactar a las autoridades del condado. También escribió que los monitores no conversan con los votantes dentro de los centros de votación.

El Departamento de Justicia rechaza que el programa busque intimidar a nadie. En un comunicado a The Guardian, afirmó que sus monitores "cumplen con todos los requisitos legales y éticos", incluido el de no interferir en la votación, y que su labor es coherente con una práctica de larga data. El alto funcionario dijo a PBS que algunos críticos están alimentando temores injustificados.

¿Cuál es la base legal?

Este es el núcleo de la disputa, y a menudo se confunden dos herramientas distintas.

La primera son los observadores federales. Según la sección 3(a) de la Ley de Derecho al Voto, un tribunal federal puede ordenar el envío de observadores a una jurisdicción; esos observadores, gestionados por la Oficina de Administración de Personal, tienen acceso legal al interior de los centros de votación, según la página explicativa del propio departamento. El departamento indica que antes también usaba certificaciones del fiscal general bajo la sección 8 de la ley, pero dejó de hacerlo tras el fallo de la Corte Suprema en Shelby County v. Holder, de 2013. La página enumera solo unas pocas jurisdicciones con observadores por orden judicial, entre ellas el condado de Union, en Nueva Jersey, y Pawtucket, en Rhode Island.

La segunda son los monitores del departamento, personal de la División de Derechos Civiles que vigila elecciones en lugares sin orden judicial. La página del departamento dice que la división lleva mucho tiempo haciéndolo con sus propios empleados. A diferencia de los observadores ordenados por un tribunal, estos monitores por lo general necesitan permiso de las autoridades estatales o locales para entrar en un centro de votación.

Los partidarios del plan apelan a esa historia. "Desde los años 60, el Departamento de Justicia ha vigilado elecciones", dijo Blanche en Fox News el 4 de octubre, según citó The Guardian. Las obligaciones de asistencia lingüística de la sección 203 de la Ley de Derecho al Voto son una de las razones que da el departamento para elegir ciertos condados; NPR informó que el departamento invocó esa disposición en el caso del condado de Adams, en Colorado.

Los críticos dicen que la escala y la composición de este despliegue van mucho más allá de esa tradición. Kristen Clarke, asesora jurídica general de la NAACP, que dirigió la División de Derechos Civiles durante el Gobierno de Joe Biden, sostuvo en declaraciones citadas por The Guardian que ninguna ley federal da al departamento derecho a enviar a sus monitores.

¿Qué dicen las demandas?

La NAACP y tres votantes demandaron a Blanche, a Dhillon y al departamento el 16 de octubre ante un tribunal federal en Washington, D.C., según el expediente judicial en CourtListener. El caso, NAACP v. Blanche, está asignado al juez federal Reggie B. Walton. Los demandantes alegan que usar a fiscales y agentes del orden como monitores podría intimidar a los votantes, en violación de la sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, y que el plan infringe la ley federal de procedimiento administrativo. Entre otras cosas, piden al tribunal que impida que fiscales y agentes del orden actúen como monitores. Son alegaciones de una demanda; el tribunal no se ha pronunciado sobre ellas.

Un portavoz del departamento, en un comunicado citado por Bloomberg Law, dijo que la demanda se basa en temores y especulaciones sin fundamento, y que la vigilancia electoral rutinaria del departamento busca garantizar el cumplimiento de la ley federal, no intimidar a los votantes.

Hasta el lunes 26 de octubre por la tarde, el expediente judicial, según el archivo de CourtListener, solo registraba trámites desde la demanda: la comparecencia de abogados, la admisión de abogados de otros estados, una copia corregida de la demanda y las citaciones emitidas el 21 de octubre. No figuraba ninguna solicitud de orden de emergencia, ninguna audiencia ni ninguna decisión, y el Gobierno aún no había presentado su respuesta.

Otra demanda de la NAACP contra Dhillon, que busca documentos sobre el programa al amparo de la Ley de Libertad de Información, se presentó el 2 de octubre. La jueza federal Sparkle L. Sooknanan rechazó el 22 de octubre la solicitud de orden de restricción temporal en ese caso, según el registro de casos de Democracy Docket. Esa decisión se refiere a la solicitud de documentos, no a la legalidad del plan de vigilancia.

¿Qué lugares han sido notificados?

NPR informó que el departamento notificó a condados de Colorado, Florida, Minnesota, Texas y Washington, entre ellos siete condados de Texas, el condado de King en Washington, Miami-Dade en Florida y los condados de Hennepin y Ramsey en Minnesota. The Oregonian informó que también fue notificado el condado de Multnomah, donde está Portland, y que Utah figura en la lista. La portavoz del departamento Kiersten Pels dijo a NPR que habrá más detalles "más cerca de las elecciones".

Desde entonces la lista ha crecido, aunque el departamento no ha publicado una relación completa. Hasta el lunes por la tarde: - Los 50 estados: un representante del departamento dijo al Louisiana Illuminator, en un correo del viernes, que habrá monitores en todos los estados. La secretaría de Estado de Luisiana dijo que se enteró "de forma indirecta" y que no ha recibido ningún aviso oficial con los nombres de las parroquias. - Pensilvania: habrá monitores en los condados de Filadelfia, Allegheny, Luzerne y Lehigh, según una carta del departamento al secretario de la Mancomunidad, Al Schmidt, de la que informó PennLive el lunes. - Michigan: el departamento notificó el 21 de octubre a siete ciudades: Detroit, East Lansing, Flint, Grand Rapids, Hamtramck, Lansing y Warren, según un comunicado de la fiscal general del estado, Dana Nessel. - Oklahoma: tres condados, entre ellos los dos más poblados, según la junta electoral del estado, citada por el Louisiana Illuminator. - Utah: el condado de Salt Lake fue informado de que habrá monitores; la vicegobernadora Deidre Henderson dijo que espera más, pero que no tiene detalles, informó el Illuminator. - Colorado: el departamento notificó a los condados de Adams y Douglas el 21 de octubre, pero después dijo que el aviso a Douglas fue un error, informó The Colorado Sun.

NPR informó que, en un principio, no se avisó a los estados de las notificaciones enviadas a sus condados.

¿Qué dicen las autoridades estatales y locales?

Las reacciones no siguen al pie de la letra las líneas partidistas.

El secretario de Estado de Kansas, Scott Schwab, republicano, dijo a PBS que en su estado los monitores no pueden pasar del punto donde los votantes muestran su identificación. Le restó importancia: dijo que incluso un solo monitor sería más de lo necesario y sugirió que el plan podría ser sobre todo simbólico.

David Becker, exabogado de la sección de votación de la División de Derechos Civiles, dijo a PBS que el plan "no es normal, pero no me preocupa especialmente", y señaló que el departamento no tiene "autoridad general para estar en todas partes".

El secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, demócrata, dijo a MPR News que la vigilancia federal "no es tan inusual". Contó que en las primarias de agosto unos 40 centros de votación recibieron equipos de dos personas y que los condados no les permitieron entrar, de modo que se quedaron fuera de una zona de 100 pies (unos 30 metros). Dijo que en agosto el estado tuvo sus propios monitores vigilando a los equipos federales y que estos cumplieron las normas entonces. Simon dijo que el estado quiere asegurarse de que el motivo declarado por el departamento sea el verdadero.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, demócrata, calificó al departamento de hostil hacia las elecciones del estado, según PBS. Las normas de Colorado exigen el permiso de la secretaría de Estado para los observadores, salvo que un tribunal los ordene, informó NPR, y un portavoz de Griswold dijo que la oficina estudiaba la solicitud junto con la oficina del fiscal general del estado. El secretario del condado de Adams, Josh Zygielbaum, también demócrata, dijo a NPR que le preocupa que el operativo pueda usarse para intimidar a los votantes.

Colorado ya fijó sus condiciones. En una carta del 22 de octubre, el subsecretario de Estado Andrew Kline comunicó al departamento que los monitores deben solicitar y obtener la aprobación del estado como "observadores oficiales" antes de entrar en áreas electorales no públicas, como las salas donde se procesan las boletas por correo, informó The Colorado Sun. Los observadores aprobados no pueden manipular equipos, hablar con los votantes ni grabar, escribió. Una portavoz del departamento dijo al Sun que se eligió el condado de Adams porque la ley federal le exige imprimir boletas en inglés y en español. Hasta el lunes por la tarde, NewsCubby no encontró informes de que Colorado hubiera aprobado o rechazado a monitores concretos.

En Pensilvania, el Departamento de Estado dijo a PennLive que los monitores del Departamento de Justicia no tienen derecho legal a más acceso a los centros de votación que cualquier ciudadano, y les pidió coordinarse con las oficinas de los condados. En Michigan, Nessel, demócrata, describió a los monitores del departamento como algo normal en el proceso electoral del estado y dijo que espera que cumplan la ley como en las primarias de agosto, aunque advirtió que su oficina actuará contra quien intente intimidar a los votantes.

El secretario de Estado de Oregón, Tobias Read, demócrata, dijo en un comunicado citado por The Oregonian que el estado da la bienvenida a los observadores, pero que nadie, ni siquiera el Departamento de Justicia, puede interferir legalmente en las elecciones de Oregón. El director electoral del condado de Multnomah, Tim Scott, dijo que el condado espera que los monitores federales sigan sus procedimientos para observadores, "igual que haríamos con cualquier grupo o persona".

En Texas, la situación era la inversa hace dos años. El fiscal general Ken Paxton, republicano, bloqueó en 2024 a los monitores del Gobierno de Biden, al argumentar que el departamento no tenía autoridad para vigilar las elecciones de Texas, informó NPR.

¿Qué pasó en Wyoming?

Las primarias del 18 de agosto en Wyoming se han convertido en un punto de referencia para los críticos. Dos abogados del departamento vigilaron centros de votación en el condado de Laramie. El gobernador republicano Mark Gordon dijo el 26 de agosto, en una reunión pública de la junta estatal de escrutinio, que la conducta de los monitores había sido algo agresiva e irregular, y pidió al fiscal general del estado que lo investigara, informaron WyoFile y la AP. También dijo que no se oponía a que hubiera observadores. La secretaria del condado de Laramie, Debra Lee, dijo en un comunicado que los monitores preguntaron por la capacitación de los trabajadores electorales, quisieron examinar las tabuladoras y pidieron entrevistar a votantes, algo que ella rechazó, informó WyoFile. El secretario de Estado, Chuck Gray, también republicano, cuestionó la versión del gobernador, según WyoFile.

Un funcionario del departamento reconoció ante PBS que no se avisó con antelación a la secretaria local. La portavoz del departamento Kiersten Pels dijo a NPR que el departamento rechaza la versión pública de que sus dos monitores fueron agresivos o hicieron algo indebido.

¿Qué significa esto para los votantes?

Los funcionarios electorales entrevistados por PBS, MPR y NPR subrayaron que los derechos de los votantes no cambian por la presencia de un monitor federal. Las leyes estatales sobre quién puede estar dentro o cerca de un centro de votación siguen vigentes, y los monitores, según la propia descripción del departamento, están para tomar notas, no para interrogar a los votantes. Quien se sienta intimidado puede denunciarlo ante las autoridades electorales locales o la oficina electoral de su estado.

Los monitores federales no serán los únicos observadores. La AP informó el lunes que grupos afines al Partido Demócrata y organizaciones sin fines de lucro han capacitado a decenas de miles de voluntarios para vigilar los centros de votación, mientras que el Comité Nacional Republicano dijo que ha reclutado a casi 22.000 trabajadores electorales y busca observadores para los distritos reñidos. Preguntado por el envío de monitores del departamento a Georgia, el presidente Donald Trump dijo a un periodista que se limitarán a mirar, informó la AP.

Lo que sabemos

• El departamento prevé unos 1000 monitores para el 3 de noviembre, según su propia cuenta su mayor operativo, y dijo al Louisiana Illuminator que estarán en los 50 estados.
• El departamento dice que los monitores observarán, no harán cumplir la ley, y no irán a centros de votación anticipada.
• La demanda de la NAACP contra el plan está pendiente ante el juez Walton en Washington, D.C.; hasta el lunes por la tarde, el expediente no mostraba audiencias ni decisiones.

Lo que aún no sabemos

• La lista completa de condados y cuántos monitores irán a cada uno; el departamento no ha publicado ninguna hasta el lunes por la tarde.
• Si el tribunal actuará sobre la demanda de la NAACP antes del día de las elecciones.
• Si Colorado aprobará a monitores concretos como observadores oficiales y cómo gestionarán el acceso otros estados.

Qué sigue

Las elecciones son el martes 3 de noviembre. El departamento ha dicho que dará más detalles cerca de la votación, y varios estados han anunciado que enviarán a sus propios observadores para vigilar a los equipos federales. NewsCubby actualizará esta nota si el tribunal se pronuncia, si Colorado decide o si el departamento publica su lista.

*Créditos: información de PBS NewsHour, NPR (vía GPB), The Associated Press, CBS News, Fox News, The Guardian, MPR News, The Oregonian/OregonLive, WyoFile, Bloomberg Law, Democracy Docket, PennLive, Louisiana Illuminator y The Colorado Sun, además de la oficina de la fiscal general de Michigan y de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. y de tribunales federales. Foto: Tony Webster / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Los artículos de NewsCubby se elaboran con ayuda de inteligencia artificial y son revisados por personas.*

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